Hace veintiséis año murió el periodista Manuel Altamira
Peláez. El terremoto de 1985 ahogo su brillante carrera
como reportero y cronista en el periódico La Jornada. En
su memoria escribí el siguiente artículo y, además, anexo
algunos textos que publico La Jornada en el momento de
confirmarse su muerte el 22 de septiembre de 1985. Al final
retomó uno de sus trabajos que lo hicieron inmortal.
El Capote jornalero
Juan Balboa
Se definía como "reportero de policía", pero sus textos tenían el sello de un narrador nato que combinaba el trabajo acucioso del periodista con las herramientas de la literatura. Dos oficios que Manuel Altamira Peláez logró zurcir durante un año en La Jornada.
Su creatividad era incontenible, innegable. Sólo el sismo del 19 de septiembre de 1985 hizo callar su máquina de escribir y le impidió hacer la crónica del primer año de La Jornada en la calle; una orden de trabajo que la dirección del diario le había encargado de forma especial.
Festejó con los trabajadores del periódico el primer aniversario del rotativo hasta la madrugada del 19 de septiembre. Su sencillez, su trato amable y solidario le facilitaban consolidar amistades. Su profesionalismo, su necedad por lograr un estilo periodístico propio y su amplio bagaje cultural le merecieron el respeto de la comunidad dentro y fuera del diario. Altamira era uno de esos hombres que siempre está rodeado de personas.
La última vez que se le vio el reloj marcaba casi las 6 de la mañana del fatal 19 de septiembre. Se despidió de sus compañeros para dirigirse a su casa, ubicada en Bruselas 8, esquina con Liverpool. Tenía como propósito recorrer la ciudad para narrar cómo se leía La Jornada, a un año de su aparición, en las calles del Distrito Federal. Haría una crónica sobre un diario que en poco tiempo había logrado despertar el interés de los lectores.
El sismo lo sorprendió en el edificio donde vivía; el único que se derrumbó en la manzana. El terremoto activó al equipo de La Jornada en toda la capital mexicana. Todos imaginaban a Altamira reporteando en las zonas más afectadas; lo veían penetrando en edificios donde se escuchaban gritos de auxilio; suponían a Manuel viajando en ambulancias para llegar con rapidez al lugar de los hechos. Nadie pensó que era una de las víctimas, que el inmueble donde residía se había derrumbado y que él no estaba reporteando, sino bajo de decenas de toneladas de cemento.
"Manuel no aparece, estamos buscándolo y esperamos encontrarlo. Hay que tener calma", me dijo Carmen Lira, subdirectora de Información, al confirmarse que el edificio donde habitaba Altamira había sucumbido ante el movimiento telúrico del 19 de septiembre.
Todos los reporteros, sin excepción, hicieron guardia en aquel lugar con la esperanza de encontrar a Manuel. Fueron más de 60 horas de espera, de angustia, hasta que apareció su cuerpo sin vida. El dolor se reflejó en las páginas de La Jornada.
El Capote jornalero
A Manuel Altamira le decían en Monterrey, Nuevo León, La Tambora, por su carácter festivo, alegre, jovial. En La Jornada sus amigos cercanos lo llamaban Capote, por su afición al gran escritor estadunidense nacido en Nueva Or-leáns, Truman Capote. En la redacción, o fuera de ella, Altamira no se cansaba de decir que quería, como Truman Capote en su obra maestra, A sangre fría, hacer un periodismo real y más cercano a la literatura.
Manuel Altamira Peláez nació en el estado de Puebla, pero su vida profesional empezó en Monterrey como reportero policiaco en el diario Más noticias. Cubrió la fuente policiaca con una visión social y política. Fue uno de los periodistas que siguieron con detalle el desarrollo de la Liga 23 de Septiembre en esa ciudad norteña: los operativos violentos contra esa organización, los cateos de casas llamadas de seguridad, los enfrentamientos, secuestros, los amotinamientos en la cárcel de Topo Chico, y la detención y desaparición de Jesús Piedra, el hijo de la incansable luchadora social Rosario Ibarra de Piedra.
Sus trabajos periodísticos provocaban irritación entre funcionarios de los gobiernos estatal y federal. Miguel Nassar Haro, entonces titular de la Dirección Federal de Seguridad, hoy acusado de desaparición forzada de personas por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, amenazó de muerte a Manuel Altamira.
Sus reportajes y crónicas enfurecieron al entonces gobernador de Nuevo León, Alfonso Martínez Domínguez, porque decía que todo lo que "oía y veía" lo publicaba. Hay una anécdota que el propio Manuel contaba. Tres desconocidos lo golpearon salvajemente en una cantina de Monterrey, en la época del propio Martínez Domínguez. Le rompieron una pierna.
Martínez Domínguez lo visitó en el hospital como muestra de amistad e intentando deslindarse de cualquier sospecha de ser el autor intelectual de la agresión. Frente a la cama de Altamira, en el nosocomio, el mandatario estatal prometió castigar a los culpables, "caiga quien caiga", y le ofreció ayuda.
La respuesta de Altamira fue impecable: "Lo único que quiero es caminar, señor gobernador, y eso usted no me lo puede dar".
Trabajó en los diarios El Porvenir, Tribuna de Monterrey y Diario de Monterrey, y en la revista Crónica. En la ciudad de México colaboró en el noticiero de Radio UNAM -donde ganó el premio Teponaxtle de Oro-, y como corresponsal durante la primera época unomásuno. También probó suerte en el periódico Nueva Generación, editado en Puebla, al que renunció por la injerencia de la Iglesia católica en la línea editorial.
En agosto de 1984, un mes antes de la salida de La Jornada a la calle, se incorporó al diario, donde en pocos meses logró ser reconocido como uno de los mejores periodistas del gremio. Su producción fue abundante y de gran calidad.
Los reportajes sobre los mariguaneros de Chihuahua; la entrevista con un presunto asesino del periodista Manuel Buendía; la historia criminal del narcotraficante Rafael Caro Quintero; el asesinato de militares en Puebla; la represión de campesinos en Chiapas; los fanáticos de Mexiquito; el espionaje telefónico en Monterrey; los pescadores de San Fernando, y la detención de Alfredo Ríos Galeana quedaron para los anales del periodismo mexicano.
Manuel Altamira Peláez murió a los 38 años de edad, justo cuando había aprendido a convivir entre el periodismo y la literatura. Su última entrega apareció en la contraportada de La Jornada ese 19 de septiembre: "Tepito nunca se va a acabar; el secreto: estamos benditos", rezaba el encabezado.
22 de septiembre de 1985
RAYUELA
Se nos ha ido Manuel Altamira. Su cuerpo quedó sepultado bajo toneladas de cemento a las hora en que los relojes de la desgracia sumaron las 7:19 de la mañana. Sólo que ésta, su muerte, nos toca cerca, dentro. Donde quiera que te encuentres ahora, sabemos que estarás contando historias y sucederes.
Serás nuestro primer enviado especial.
Adiós amigo, compañero de innumerables jornadas.
22 de septiembre de 1985
VICTIMA DEL TERREMOTO
Murió Manuel Altamira, reportero de La Jornada
En su sencillez, un reportero es una personalidad compleja. Algunos suelen pasar con frecuencia de la alegría a la introversión. Un humor que comúnmente depende de la primera plana. Manuel Altamira Peláez era uno de ellos.
Manuel Altamira, reportero, celebró con nosotros el primer aniversario de La Jornada hasta las 6:30 de la mañana del día 19. Nos despedimos y se fue a su casa (Bruselas 8, esquina con Liverpool).
Minutos después, empezó el temblor.
Uno tras otro, los cuatro pisos de su edificio se desplomaron.
Iba a cumplir 38 años, 14 de periodista. En su tierra adoptiva, Monterrey, le decían La Tambora, por su carácter alegre. Aquí, sus amigos le decían El Capote, por su afición a Truman. Entre los escombros de su vivienda se encontraron las pastas amarillas de Manhattan Transfer. Fue siempre “abajo firmante” de todas las luchas del gremio y se autodefinía “básicamente reportero de policía”.
Nació en Puebla. Su padre, universitario liberal, fue auditor de Petróleos Mexicanos (Pemex). Su madre, muy religiosa, siempre lo inscribió en escuelas confesionales poblanas. Tenía tres hermanos y tres hermanas. A causa del empleo de su padre, dejaron la ciudad de los ángeles y se mudaron a Mexicali. Ahí fue trabajador y velador de Pemex.
Después se fueron a Monterrey. Consiguió otro empleo como trabajador de Pemex. En esa época conoció a una joven enfermera, Margarita García. Al poco tiempo se casaron. Tuvieron tres hijos: Claudia Margarita (10 años), Ignacio Manuel (ocho años) y Carlos Vladimir, que va a cumplir dos.
Manuel tenía un espíritu rebelde. A principios de los años 70 consiguió su primer trabajo en el diario Más Noticias, como reportero. Le asignaron la fuente de policía. Cubrió el desarrollo de la Liga 23 de septiembre y la represión; los enfrentamientos y las caídas de las casas de seguridad del movimiento rebelde; la captura de Jesús Piedra, Gustavo Hirales y Ricardo Morales; los amotinamientos de la cárcel Topo Chico. Fue amenazado, por su trabajo, por el entonces director federal de seguridad, Miguel Nassar Haro.
Más tarde trabajó en el diario El Porvenir algunos meses. En 1975 entró a Tribuna de Monterrey cuando fue nombrado director Fernando Cantú. El periódico alcanzó su mejor etapa en esos años. Cuando Mario Moya Palencia llegó a la dirección de la Organización Editorial Mexicana, la cadena propietaria de ese periódico, los periodistas de Tribuna de Monterrey renunciaron y fundaron una revista independiente, Crónica. Cuatro meses les duró el gusto.
Entonces, Manuel se fue al Diario de Monterrey. Ya era entonces gobernador Alfonso Martínez Domínguez. Siguió en la fuente de policía, escarbando crímenes y corrupción, entrando a los separos y desentrañando misterios. Empezó a desarrollar el reportaje y la crónica. En las conferencias de prensa irritaba profundamente al procurador, al jefe de la policía y al propio gobernador. Todo lo quería averiguar y todo lo que oía y veía lo publicaba.
Un día ocurrió un “incidente menor” en Fundidora Monterrey. Altamira dudó de la versión oficial y, disfrazado de obrero, entró en el primer turno. Se había volcado un recipiente de arrabio al rojo vivo y muchos trabajadores habían muerto. A muchas autoridades les disgustó la audacia del reportero.
Una noche, en septiembre de 1978, en una cantina, fue brutalmente golpeado por tres sujetos. A patadas le rompieron una pierna: tres fracturas en tibia y fémur.
Fue trasladado al hospital Muguerza. Ahí lo visitó Martínez Domínguez. Le dio un discurso sobre la libertad de información, prometió aclarar la agresión, “caiga quien caiga”, y le ofreció ayuda en lo que necesitara:
--Yo lo único que necesito es caminar, señor gobernador, y eso usted no me lo puede dar.
Indignado, Martínez Domínguez se retiró. Nadie fue castigado, naturalmente.
Durante la golpiza, los agresores le advirtieron: “A la siguiente, te mueres”, Altamira reconoció la voz de Leopoldo del Real, conocido porro universitario, ligado con la Policía Judicial Federal y abogado de causas turbias.
Dos columnas, Red Privada y Plaza Pública, denunciaron el caso. Altamira siempre creyó que el político regiomontano Ricardo Canavati, director de Fomento Metropolitano de Monterrey y posteriormente presidente municipal de Nicolás de Guadalupe, fue el responsable. Un año tardó en volver a caminar.
En septiembre de 1979 otro periodista, Rogelio Gómez, de El Porvenir, fue golpeado. Altamira elaboró un texto documentando todos los casos de represión a la prensa en Monterrey. En México, Manuel Buendía reprodujo en su columna el documento. Por este motivo, el director del Diario, Jorge Villegas, despidió a Altamira.
En marzo de 1981 probó fortuna por primera vez en la ciudad de México. Vivía en la colonia General Anaya. Por las mañanas trabajaba en el noticiero de Radio UNAM y por las tardes era redactor en la sección de corresponsales de provincia del unomásuno. Leía incansablemente. Sobre todo literatura policiaca. Ese año, el equipo de noticiarios de Radio UNAM ganó el premio Teponaxtle de Oro, por el mejor programa radiofónico de noticias.
Al poco tiempo, todo el equipo renunció por la censura que lograron imponer las autoridades a su trabajo.
Regresó a Puebla a trabajar en el periódico Nueva Era. Renunció tiempo después, inconforme por la injerencia de la Iglesia poblana en la línea editorial del periódico.
En la capital neolonesa, la Fundidora Monterrey fue nacionalizada. En la oficina de prensa se formó un grupo de periodistas críticos. Ahí estaba Altamira.
En agosto de 1984 decidió incorporarse a un nuevo proyecto periodístico. Regresó a México y el primero de septiembre empezó a trabajar como reportero de asuntos especiales para La Jornada.
Entre sus trabajos más destacados se recuerdan los siguientes reportajes y crónicas: el seguimiento del caso del asesinato de Manuel Buendía; los mariguaneros de Chihuahua y Sinaloa y la historia de Rafael Caro Quintero; numerosas investigaciones sobre el narcotráfico; los pescadores de San Fernando; el asesinato de militares en Puebla por agentes federales de caminos; el caso de los fanáticos de La Mexicana, Oaxaca; la represión campesina en Chiapas; el espionaje telefónico en Monterrey; la oposición en Tlaxcala.
Ayer por la tarde, a las 15:30 horas, los socorristas localizaron, bajo dos pisos, las ruinas de la habitación de Manuel.
Rubén Darío Murillo, quien compartía con él el departamento, fue de las tres personas que lograron salir con vida, por sus propios medios, tras el derrumbe. Con grúas, mazos, cubetas, palas y manos fueron levantados los pedazos de cemento, varilla, ladrillos y madera. Más tarde apareció su piyama roja. Sesenta horas después de la tragedia fue rescatado el cuerpo inerte del periodista Manuel Altamira.
Empezaba a llover.
22 de septiembre de 1985
PLAZA DOMINICAL
Miguel Angel Granados Chapa
(…) Avergüenza reconocerlo, pero la tragedia cobra su exacta dimensión sólo cuando nos hiere muy de cerca, cuando penetra en nuestra casa misma. Así nos ha sucedido en La Jornada. Aquí perdimos, el jueves 19, a Manuel Altamira, gran reportero, queridísimo compañero nuestro. Su cadáver fue hallado apenas al anochecer el sábado, ayer.
Altamira vivía los mejores tiempos de su breve existencia, iniciada hace 37 años. Los últimos 15 los había hecho transcurrir en el periodismo, sobre todo en Monterrey. Allí lo vi por primera vez en 1977. Formaba parte del equipo dirigido por Fernando Cantú, que por esos días dejaba la dirección de Tribuna, el diario regiomontano de la Organización Editorial Mexicana.
Altamira como otros de sus compañeros, resolvió seguirlo.
Porque para Altamira, el diarismo no era un simple modo de ganarse la vida y, desde luego, no era ocasión de lucro. Manuel entendía el periodismo como una misión intermediaria entre los hechos y los lectores, y vivía para ejercerlo, aunque no siempre fuera gratificante para él vivir de ejercerlo.
Transitó por varios periódicos en Monterrey y era reportero de uno de ellos, El Diario, cuando fue víctima de una brutal agresión resultado de sus indagaciones periodísticas.
Un litigante apellidado Del Real, a quien las infomaciones del periodista causaban agravio, porque exhibían sus inescrupulosidades, pagó para que lo golpearan y vejaran.
El episodio significó para Altamira cerca de un año de incapacidad, pues le rompieron ambas piernas en un ataque sañudo que no fue nunca castigado, tal vez porque el delincuente que lo ordenó gozaba de las simpatías, confianzas y complicidades del gobernador Alfonso Martínez Domínguez, quien no obstante haber visitado al reportero en el hospital no cumplió su palabra de castigar a los culpables del vergonzoso acontecimiento.
En su última etapa profesional, Altamira ingresó a La Jornada , en las vísperas de su aparición.
Su firma aparece por ellos (junto con la de Lourdes Galaz) en el primer número de nuestro diario. La búsqueda profesional de Altamira estaba por llegar a una culminación. Había afirmado su estilo de narrar sucesos y al hallar aquí el clima humano y profesional que tanto había esperado, desplegó sus potencialidades.
Uno tras otro, grandes reportajes fueron saliendo de sus manos: desde los mariguaneros de Chihuahua vueltos a su poblado guerrerense, hasta la decena de textos sobre el presunto asesino de don Manuel Buendía (a quien Altamira profesó devoción, por haberse ocupado del atentado de 1979). Así se trazó el arco del desarrollo que resultaría postero en Altamira.
Tímido en el trato personal (lo que a veces se revelaba en rapidez excesiva en el hablar, interrumpido por frecuentes mano). Altamira ganó muy rápidamente el afecto y el respeto de sus compañeros. Fue precandidato a la secretaría general del sindicato, y finalmente participó como aspirante a la secretaría de organización.
Habíamos celebrado, él, todos aquí, la aparición del primer número de nuestro diario, ocurrida un año antes. Ya no pudo leer el número de aniversario. Su familia seguía viviendo en Monterrey, donde Manuel la visitaba con frecuencia (había corrido, presuroso, cuando hace unos meses su hija pequeña sufrió un accidente), y él se alojaba aquí en el departamento que la familia Murillo habitaba en el edificio de Bruselas y Liverpool.
Casi todos los residentes en ese lugar perecieron, pero algunos pocos fueron rescatados con vida, lo que alentó en esta casa la esperanza de que Manuel corriera la misma venturosa suerte. No fue así.
No es ilegítimo ocupar espacio de un diario público para narrar nuestra pena privada. Lo hacemos persuadidos de que la pesadumbre que nos deja la muerte de Altamira es semejante a la que aqueja a miles de mexicanos, y al hablar de la nuestra aquí hablamos de la de todos.
Asesinato de militares en Puebla
Miembros de la Policía Federal de Caminos (PFC) asesinaron a cuatro oficiales de la XXV Zona Militar, el 19 de enero pasado cerca de Atlixco, Puebla. Primero fueron golpeados y uno de ellos fue baleado en dos ocasiones. Después se les inyectó cloruro de potasio para provocarles un paro cardiaco, y se incendió y desbarrancó su vehículo para aparentar un accidente, en las cumbres de Acultzingo. El caso provocó la remoción de todo el personal de la PFC adscrito en Puebla y el comandante, presuntamente involucrado, huyó. Esta es la primera parte de la reconstrucción del caso.
Manuel Altamira.
Pulcramente uniformados, serios, disciplinados y orgullosos de la carrera que eligieron, cuatro oficiales recién egresados del Colegio Militar se presentaron ante el comandante del décimo segundo Regimiento de Caballería, general Jesús Gutiérrez Rebollo, a recibir instrucciones de la que sería su última misión oficial.
--Quiere el general (Jorge Alberto Grajales Velasco, comandante de la XXV Zona Militar) que vayan a San Lucas Colocan, en Izúcar de Matamoros, a investigar la toma de la Agencia Municipal.
Gutiérrez Rebollo –según el voluminoso expediente radicado en el Juzgado Primero de Distrito de esta capital-- hizo varias recomendaciones a sus subordinados.
--Actúen con prudencia, con tacto. Que nadie se entere que son militares…
Era la mañana del 18 de enero de este año. El teniente Gerardo Enrique Sánchez Rosas y los subtenientes Roberto Sánchez Poo, Sergio Erives Apodaca y Angel Castillo López se cuadraron ante su superior y abandonaron la oficina dispuestos a cumplir la orden.
Sánchez Rosas abordó su auto Valiant modelo 1978, placas CUX 128 del Distrito Federal, y dijo a sus compañeros:
--Nos vemos aquí a las 12.
Y alzó la voz, que se ahogaba por el ruido del motor encendido del auto.
--Recuerden, todos de civil.
El teniente, según la declaración de su esposa, Verónica Rosales, arribó temprano a su casa, se quitó el uniforme militar, vistió ropas deportivas, comió rápido y frugalmente y se despidió.
--¿A qué horas vas a venir? --preguntó la mujer morena, delgada, joven.
El oficial se encogió de hombros.
--No sé, pero despreocúpate y duérmete temprano.
Abordó nuevamente el auto y se dirigió a la XXV Zona Militar, de la ciudad de Puebla, donde ya lo aguardaban sus compañeros, vestidos de civil.
A la misma hora, en su oficina de la PFC, el capitán Jorge Pellegrini Poucel tomó el teléfono y se comunicó –según su versión--, con el subteniente Marcos Moreno Cabrera, hijo del director de la Policía estatal.
--Quiero que me ayudes en el retén de la campaña antialcohólica que instalaremos hoy, como todos los viernes, cerca de Atlixco.
De pie a su derecha, siempre fiel, dispuesto a cumplir cualquier orden, está El Torcho, su madrina. Ha sido ayudante desde que Pellegrini estuvo en Matamoros, primero, y luego en Veracruz y ahora en Puebla.
El Torcho se llama Jorge. Durante el proceso nadie ha precisado sus apellidos. Es originario de Guerrero y presuntamente ha participado en varios homicidios.
Afina la atención cuando el capitán de la PFC le habla.
--Vete a ver al doctor Shields (Arturo) y dile que lo espero en la Jefatura a las nueve de la noche para seguir con la campaña antialcohólica.
Pellegrini y el médico se habían conocido un mes atrás, cuando éste acudió a la PFC a solicitarle la cancelación de una infracción para un familiar.
Tras la presentación, según los testimonios recogidos por La Jornada, el capitán le formuló directamente la invitación.
--¿Te gustaría ayudarnos en la campaña antialcohólica?
Y para hacer más convincente el ofrecimiento, agregó:
--Hay buena lana.
El subteniente Moreno Carrera y el sargento de la PFC Luis Jacobo GonzálezRuiz, destacados en Izúcar de Matamoros, se encontraron con los policías estatales Fernando Ceregido Moreno y José Luis Robles Valencia, a quienes a su vez invitaron al retén donde detectarían conductores ebrios.
Ceregido, con un mes apenas como policía, respondió que no podía comprometerse en esos momentos. Necesitaban autorización de sus superiores.
Más tarde, los policías se entrevistaron con su jefe, Moreno Juárez, quien les concedió el permiso.
--Está bien, vayan, pero no se metan en problemas.
El teniente y los subtenientes llegaron a la zona de tolerancia de Atlixco a las 23 horas del mismo 18 de enero. En este municipio está el XXVI Regimiento de Caballería y la zona de prostitución es vigilada permanentemente por un rondín de soldados.
Según encargados y meseros, los militares bebieron licor abundantemente y se hicieron acompañar de algunas mujeres que no regresaron al prostíbulo desde que se conoció aquí la noticia.
Sánchez Rosas agotó el contenido de una botella de brandy y dijo a sus compañeros:
--Vámonos.
No hay constancia alguna de que hayan estado en San Lucas Colucan para investigar la toma de la Agencia Municipal. Se ignora qué hicieron desde que salieron de la XXV Zona Militar hasta que llegaron, 11 horas después, a Atlixco.
La larga fila de vehículos avanzaba muy lentamente a las 4:30 de la madrugada del sábado 19 de enero. Los conductores aguardaban la revisión del retén montado por la PFC.
El auto Valiant con placas del Distrito Federal se detuvo ante la señal imperiosa de El Torcho, quien abordó al conductor.
--¿Cómo andan? --preguntó.
Los ocupantes del auto guardaron silencio, según los testimonios y múltiples declaraciones rendidas por los actores del sangriento hecho.
El Torcho le dijo al teniente Sánchez Rosas:
--Bájate.
--El militar se llevó la mano a la bolsa para sacar su credencial o la pistola cuando El Torcho le disparó dos balazos a quemarropa, uno en el tórax y otro en sedal en el hombro izquierdo.
Al estruendo de las balas acudieron Pellegrini y Marcos Moreno, quienes con el auxilio de la madrina golpearon con pies y manos a los militares hasta dejarlos malheridos.
Los testigos aseguran que Marcos Moreno Cabrera estrelló repetidamente el rostro del subteniente Poo en el pavimento. Pellegrini lanzaba puntapiés en todas direcciones y El Torcho se ensañaba con los dos oficiales.
--Ya no me peguen, por favor –gimió Roberto Sánchez Poo.
Después fueron esposados y tirados en la puerta principal de la empresa Pandal Motors, a ocho kilómetros de Atlixco.
El teniente, con dos balazos en el cuerpo, uno de suma gravedad, alcanzó a decir:
--Somos del duodécimo Regimiento de Caballería.
Pellegrini palideció.
Y desde el interior de un auto alguien, sigilosamente, tomaba fotografías. (Publicado el 6 de marzo de 1985)
El principal acusado se dice “brillante”
El doctor Arturo Shields limpia los rostros sanguinolentos, tumefatos, de los cuatro elementos del Ejército. Se seca las manos en la bata blanquísima y ausculta con el estetoscopio al teniente Gerardo Enrique Sánchez Rosas.
En medio minuto tiene el diagnóstico certero.
--Está grave; hay que llevarlo a un hospital.
El capitán de la Policía Federal de Caminos (PFC), Jorge Pellegrini Poucel, prende un cigarrillo y se recarga en su patrulla, la 1052. Parece distraído, ensimismado en sus pensamientos.
El Torcho y Marcos Moreno Carrera apresuran el tránsito de vehículos, sin preocuparse ya del posible estado de ebriedad de los conductores.
El policía Federal de Caminos Luis Jacobo González Ruiz, y los patrulleros poblanos Fernando Ceregido Moreno y José Luis Robles Martínez permanecen a la expectativa, retirados unos 60 metros de los militares que continúan tendidos en el pavimento, esposados.
Pellegrini reacciona 10 minutos después. Abre la portezuela del vehículo oficial y grita a sus subordinados:
--Vámonos; levanten el retén.
Los militares, aún sangrantes, son subidos en el auto Valiant y El Torcho se coloca al volante; a su derecha Luis Jacobo González Ruiz. Y en las tres patrullas se distribuyen el médico, Pellegrini, Ceregido Moreno, Robles Valencia y Moreno Carrera.
En una marcha silenciosa de casi 30 minutos, casi fúnebre, llegaron al corralón de la PFC.
Pellegrini llama aparte a El Torcho y le da instrucciones. Después penetra a la oficina a hablar por teléfono. Los testimonios coinciden en señalar que actúa extrañamente, nervioso. Tiene los ojos color miel inyectados, vidriosos.
--No podemos exponernos a un proceso –grita al salir de la oficina. --Si es necesario quemarlos, los quemamos.
El Torcho cumple las órdenes. Desarma a los cómplices y los amenaza.
--Ahora nos mordemos un huevo; todos estamos metidos en esto. Al que se raje lo mato y sigo con su familia.
Quince minutos después llega el comandante de la PFC, Trinidad Rodríguez Ballesteros, en una camioneta Ecoline, que le entrega a Pellegrini y se retira inmediatamente en una patrulla.
Pellegrini parece dispuesto a llevar su plan hasta las últimas consecuencias. En 1975, recién egresado de la PFC, fue procesado por abuso de autoridad y absuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sabe que otro proceso acabará con su carrera, que él, entrevistado en la penitenciaria local, califica de “brillante”.
--Hay que matarlos –insiste.
Todos lo observan detenidamente, pero nadie protesta. El Torcho se pasea frente a ellos, ahora con una metralleta Uzzi que aprieta con fuerza bajo el brazo, sin quitar el dedo del gatillo.
--Si no regresan a la Zona Militar van a pensar que son desertores y no se preocuparán por buscarlos.
Pellegrini se dirige al médico.
--Vamos a inyectarles aire.
Según consta en las diligencias, el doctor mueve la cabeza. Dice que la inyección pondría rígidos los cadáveres y sería más fácil determinar que se trató de un crimen premeditado.
--Sería mejor –propone-- suministrarles cloruro de potasio, pues les provocaría un paro cardiaco.
El capitán de la PFC asiente. Simpatiza con la propuesta del médico y ordena a los dos policías estatales y al sargento de la Federal de Caminos Luis Jacobo González Ruiz, que regresen a instalar el retén antialcohólico.
--Hay quehacer bien las cosas –afirma-. Que nadie sospeche.
Cuando apenas reanudan las actividades en el retén, El Torcho, por órdenes de Pellegrini, llega velozmente y dice que se reconcentren en el corralón de la PFC.
Al filo de las seis horas el 19 de enero, los militares son sacados del auto Valiant y acomodados en la parte trasera de la camioneta Ecoline, que ocupan en la cabina Pellegrini, el médico y Marcos Moreno Carrera.
Y suben el Valiant El Torcho, González Ruiz y los dos patrulleros de la policía poblana.
--Nos vemos en la gasolinería de Ciudad Mendoza, Veracruz –gritó Pellegrini a El Torcho, al tiempo que pone en marcha el motor de la camioneta Ecoline.
En sólo 10 minutos, Pellegrini recorre varias calles desérticas hasta llegar a la farmacia Del Carmen, en la 23 poniente y la 16 de Septiembre.
--Bájate –le ordena al médico.
Marcos Moreno Carrera se lleva la mano a la bolsa, saca la cartera y le ofrece varios billetes de mil pesos.
El médico los rechaza:
--Yo traigo –repuso secamente.
Regresa con un paquete voluminoso que contenía ocho ampolletas de cloruro de potasio, ocho jeringas desechables y ocho sueros.
El médico confiesa que entró en una crisis nerviosa. En esos momentos tuvo conciencia plena de la gravedad de la situación.
Empezó a llorar.
--Bájame –clama. --Yo no quiero ir.
La mano derecha de Marcos Moreno se posa en una de sus piernas.
--No te preocupes –le dijo. --Todo nos va a salir bien.
Pellegrini crispa los puños en el volante.
Y la respiración agitada, entrecortada, de los militares, se concentra en el vehículo. (Publicado el 7 de marzo de 1985).
El Torcho dirigió la operación
El Torcho tripula el Valiant azul a alta velocidad por la carretera Puebla-Orizaba. Sus acompañantes –un sargento de la Policía Federal de Caminos (PFC) y dos patrulleros locales-- comparten una botella de brandy que compraron en el trayecto.
El Torcho, madrina del capitán de la PFC Jorge Pellegrini Poucel desde seis años atrás, oprime el acelerador y rompe el silencio que, de acuerdo con los testimonios, reinó durante el viaje.
--Hay que aparentar que somos militares –y afina los detalles del plan. Habla, gesticula, ríe. Es el único que está armado y nadie osa enfrentársele ni contradecir sus instrucciones.
--¿De acuerdo?
Fernando Ceregido Moreno apoya las manos en las rodillas durante la entrevista con La Jornada en la Subdirección de Vigilancia de la Penitenciaria local, Reconstruye con parsimonia la historia.
El Torcho aminora la velocidad al llegar a la caseta de cobro y grita:
--Somos militares y los militares no pagamos.
Después, de acuerdo con el plan trazado, Ceregido arroja una de las credenciales que habían quitado a los militares, pero se atora en la defensa del vehículo. Se contraría, maldice.
--Me lleva la chingada.
A las ocho horas del sábado 19 de enero llegan a la gasolinera de Ciudad Mendoza, Veracruz. El Torcho estaciona el auto a un lado de la carretera y espera el arribo de Pellegrini y Marcos Moreno Carrera, que viajan en la camioneta Ecoline.
Estos últimos, durante el trayecto, se juran fidelidad. Prometen mutuamente guardar el secreto, fundirse en la complicidad. Hasta esos momentos tienen la certeza de que el plan marcha sobre ruedas y que no habrá problemas.
La camioneta cruza velozmente la gasolinera seguida por el Valiant. En la curva La Jarochita, a poco más de 200 kilómetros de la capital poblana, toman por una brecha polvorienta y se internan unos mil metros, cerca de un profundo barranco.
Pellegrini se baja de la camioneta, apresurado, nervioso. Camina hasta el Valiant y ordena a sus ocupantes:
--Vigilen que nadie se acerque.
Ceregido Moreno, Luis Jacobo González Ruiz y José Luis Robles Valencia –el médico se había quedado en Puebla-- suben a una pequeña loma desde donde observan la carretera solitaria y el paraje exuberante.
Pellegrini, Marcos Moreno y El Torcho abordan la camioneta donde continúan atados el teniente y los tres subtenientes de la XXV Zona Militar. No hay constancias ni testimonios que expliquen en qué condiciones estaban, qué decían, cómo reaccionaban.
--El silencio era impresionante –aclara Ceregido, quien continuamente voltea a ver la camioneta, pero no escucha nada.
Según las diligencias, Pellegrini abre la ampolleta de cloruro de potasio y absorbe el contenido con una jeringa. El Torcho y Marcos Moreno sostienen y oprimen el brazo derecho del teniente Gerardo Enrique Sánchez Rosas, herido horas antes de dos balazos, quien recibe la primera inyección letal.
Después repiten la operación con el subteniente Roberto Sánchez Poo. Los dos militares mueren casi instantáneamente, aunque se sospecha que Sánchez Rosas llegó sin vida a las cumbres de Acultzingo; requería urgentemente atención médica. Se desangraba por las heridas de bala.
El capitán de la PFC, siempre auxiliado por su madrina y su subordinado, inyecta la solución a los subtenientes Sergio Erives Apodaca y Angel Castillo López.
Ceregido insiste:
--No se oía ruido ni lamentos. Nada. Pellegrini esperó unos minutos. Sudaba y tenía terroso el uniforme. Toma el pulso a sus víctimas, coloca el oído derecho sobre el corazón y comprueba contrariado que continúan vivos.
Abre otras dos ampolletas del medicamento y vuelve a inyectar a los militares. Pasan 10, 15 minutos –no se precisa bien-- y reniega porque tienen aún palpitaciones.
Desciende de la camioneta y alcanza a sus cómplices, que estaban retirados unos 50 metros .
--Dame un cigarro –le dice a González Ruiz.
Exhala el humo.
--Estos cabrones no se mueren, no les hizo efecto la inyección; ya les pusimos dos a cada uno y ni madres.
Regresa a la camioneta, tira el cigarro y le ordena a El Torcho:
--Dame la correa de la Uzzi.
Sostiene con ambas manos la correa. Sube a la camioneta y rodea con ella el cuello de uno de los subtenientes y aprieta con fuerza hasta que se convence que ha muerto.
Ofrece la correa a Marcos Moreno.
--Sigues tú.
El hijo del jefe de la policía de Puebla vacila, pero finalmente estrangula al último militar.
Los cadáveres son pasados al Valiant. Pellegrini abre el cofre, quita una bujía, rocía el vehículo de gasolina y ayudado por sus cómplices lo arrojan al despeñadero.
El auto dio varias volteretas y se incendió. Siguió una trayectoria de más de 100 metros hasta que se detuvo en una pequeña zanja. Dos cadáveres quedaron en el interior del vehículo y dos fueron carbonizados.
Pellegrini siguió con la vista el auto incendiado. Nadie hablaba. Apenas una mirada cohibida de complicidad.
--Vámonos –gritó finalmente. Todos abordaron la camioneta y enfilaron de regreso a Puebla. (Publicado el 8 de marzo de 1985).
Dos balazos que desecharon la tesis del accidente
El oficial de la Policía Federal de Caminos (PFC) Félix Reyes, con base en Orizaba, Veracruz, contesta con desgano el teléfono la tarde del domingo 19 de enero.
Una voz anónima le informa que en un barranco de las Cumbres de Acultzingo, por la curva La Jarochita, está incendiado un auto Valiant azul con placas del Distrito Federal.
--Parece que hay varios muertos --agrega el desconocido antes de colgar el auricular.
Félix Reyes se dirige a ese sitio, al parecer solo, en una patrulla de la PFC. Desde la carretera Puebla-Orizaba se veía un hilo de humo grisáceo que emergía zigzagueante del fondo del barranco.
Pidió por radio la grúa y la presencia de socorristas de la Cruz Roja. Desde la orilla del despeñadero eran visibles los cuerpos calcinados, contrahechos, de los cuatro militares asesinados horas antes.
El oficial, lejos de imaginar que varios de sus compañeros están involucrados en la muerte premeditada de los calcinados, elabora a vuela pluma, a la ligera, el parte de lo que él llama “accidente”, el cual consta en el expediente radicado en el Juzgado Primero de Distrito de Puebla.
Según el elemento de la PFC, el auto se desplazaba con notorio exceso de velocidad rumbo a Orizaba y en la curva el conductor perdió el control del vehículo, se salió de la cinta asfáltica y cayó al barranco, incendiándose.
El oficial se regresó a su oficina, mientras los cuatro cadáveres, registrados inicialmente como NN (no nombre) fueron depositados en las planchas del Hospital Civil de Orizaba, Veracruz.
El expediente del caso se radicó en la Agencia del Ministerio Público de Orizaba, a cargo de Carlos Darío Beltrán Molina, quien aceptó a pie juntillas la tesis de que la muerte de los cuatro hombres fue producto de un accidente.
Y ordenó archivar el expediente. Según él no había delito que perseguir.
Pero la autopsia, realizada por los médicos Rodolfo Ramírez Girón y Néstor Maceda Martínez, aclaró, por lo menos, que uno de los cadáveres presentaba dos impactos de bala.
Y la tesis de accidente empezó a desmoronarse.
Lejos de ahí, a 140 kilómetros de distancia, en el corralón de la PFC de Puebla, los autores del cuádruple homicidio, se despiden.
Antes, por seguridad colectiva, se comprometen a guardar el secreto, a no comentar nada con nadie.
Jorge Pellegrini Poucel, capitán de la PFCaminos, va con su esposa que está internada en un hospital particular de Puebla. Sufre una amenaza de aborto.
--Finalmente perdimos a la criatura --dice en el reclusorio de esta capital, abatido.
Pellegrini, según acepta, está ojeroso, no ha tenido tiempo de asearse. En las ropas y en el rostro tiene las huellas de la madrugada macabra.
--Tuve una noche difícil --le dice a su mujer que percibe su nerviosismo.
Marcos Moreno Cabrera, Luis Jacobo González Ruiz y Fernando Ceregido Moreno, se dirigen al destacamento de la PFC en Izúcar de Matamoros.
Cuando se convencen que nadie espía sus movimientos, continúan adelante con su plan.
Marcos entrega a Ceregido y a Luis Jacobo las cuatro credenciales del teniente y de los subtenientes de la XXV Zona Militar sacrificados escasas horas antes.
--Quémenlas –ordena.
Y el hijo del director de la policía de Puebla saca de la cajuela de su patrulla las cuatro pistolas calibre 45 propiedad de los militares.
Descubre un sitio que le parece conveniente, escarba durante varios minutos y entierra las armas. Se preocupa por aplanar el terreno, por borrar cualquier huella que pudiera delatarlos.
Ceregido dice que llegó a su casa en la tarde de ese mismo día. Estaba sumamente cansado. Intentó en vano dormir. Recostado en la cama, según confiesa, reproducía las imágenes del crimen.
Rechazó los alimentos que le ofreció su esposa.
--No tengo hambre.
Y desairó a su hijo de año y medio que, sonriente, le extendió los brazos, dijo.
Afirma que se levantó y miró por la ventana de su modesto departamento en un segundo piso.
--¿Qué te pasa? –le preguntó su esposa.
Explotó en una crisis nerviosa.
--Nada. Déjame en paz.
En tanto, El Torcho no esperó el curso de los acontecimientos. Huyó y hasta el momento se desconoce su paradero. (Publicado el 9 de marzo de 1985).
Unas fotos, clave de los homicidios
El comandante del décimo segundo Regimiento de Caballería, general Jesús Gutiérrez Rebollo, se pasea inquieto, nervioso, por su estrecha oficina. Le preocupa la tardanza de los cuatro oficiales enviados a investigar la toma de la Agencia Municipal de San Lucas Colucan, en Izúcar de Matamoros.
La tarde del sábado 19 de enero arrecia la inquietud en la XXV Zona Militar por la ausencia del teniente Gerardo Enrique Sánchez Rosas y de los subtenientes Roberto Sánchez Poo, Sergio Erives Apodaca y Angel Castillo López.
Sus compañeros y superiores descartan la absurda teoría de que tal vez desertaron. Se inclinan mejor por la posibilidad de que se embriagaron o se fueron con mujeres y que pronto regresarán.
El domingo en la mañana crece la incertidumbre. Se robustece la tesis de que probablemente sufrieron un accidente.
El comandante de la XXV Zona Militar, general Jorge Alberto Grajales Velasco, decide tomar la iniciativa el mismo domingo.
--Envíen –ordena-- un exhorto a las autoridades civiles y militares…
Y agrega:
--Me parece raro que no lleguen; seguramente les ocurrió algo grave.
La XXV Zona Militar se comunicó a todos los estados del país, solicitando colaboración para localizar a los oficiales.
El lunes en la mañana, en circunstancias no aclaradas durante el proceso, la comandancia de la Zona Miliar recibió las fotografías que exhibían la golpiza que recibieron el teniente y los subtenientes a manos de elementos de la PFC, en el retén antialcohólico establecido en Atlixco la noche del viernes 18 de enero.
En una de las fotografías se apreciaba con absoluta nitidez una patrulla de la Dirección de Policía de Puebla.
El general ordenó a un piquete de la Policía Militar entrevistarse con el director de la policía local, para conocer la identidad de los patrulleros comisionados esa noche en el retén antialcohólico.
Marcos Moreno Juárez recibió a los soldados y mostró extrañeza de que sus subordinados estuvieran involucrados en la agresión a los militares.
--Que vengan inmediatamente Fernando Ceregido y José Luis Robles Valencia.
A los 10 minutos el empleado regresó con noticias.
--No se han presentado a trabajar desde el domingo.
El sargento que encabezaba al grupo de militares le dijo al jefe de la policía poblana:
--Búsquelos y que se presenten en la Zona Militar –dijo el militar en tono imperativo, casi agresivo, antes de retirarse.
Marcos Moreno, según consta en las diligencias levantadas por el juez Hilario Bárcenas Chávez, giró instrucciones para que presentaran a la mayor brevedad posible a los dos patrulleros.
Al filo de las 18 horas se localizó a Ceregido y a Robles Valencia en sus domicilios y fueron llevados ante su jefe.
--¿Tuvieron un problema con unos militares durante la campaña antialcohólica?
Ceregido dice que sintió que la sangre se agolpaba en su cerebro.
Respondió vacilante.
--No…señor.
--¿Seguro?
Los policías guardan silencio. El nerviosismo los delata.
--Porque parece que es una bronca grande.
Y ordena:
--Preséntense en la Zona Militar.
Ceregido y Robles Valencia se presentaron ante el agente del Ministerio Público Federal Militar, capitán Verdín, a quien acompañaban más militares.
Ceregido confiesa que la presión era “terrible” y confesaron que los oficiales habían sido asesinados en las Cumbres de Acultzingo el mismo sábado. Y dio los nombres de los demás involucrados, especialmente de Jorge Pelligrini Poucel, Marcos Moreno Carrera y El Torcho.
El sargento de la PFC Luis Jacobo González Ruiz fue detenido cuando estaba al volante de su patrulla, en el destacamento de Izúcar de Matamoros.
--¿Quién los mató”? –preguntó el agente del Ministerio Público Militar.
La declaración de Luis Jacobo coincide con la de los patrulleros poblanos. Y vuelven a aparecer los nombres de El Torcho, Marcos Moreno, Pellegrini y por primera vez el del médico Arturo Shields.
El médico había dejado a su novia en la estación de Autobuses de Oriente cuando su madre le dijo que lo estuvieron buscando insistentemente toda la tarde (del martes) de la Zona Militar.
Arturo Shields dice que salió rumbo a la Zona Militar con la certidumbre de que la esposa del general Gutiérrez Rebollo, a la que atendía de hipertensión arterial, requería de sus servicios. Desde que lo dejaron en su domicilio la mañana del sábado no volvió a saber de los elementos de la PFC ni la suerte de los militares.
Señala que al cruzar la Zona Militar le dijeron que lo buscaban en relación con el asesinato de cuatro oficiales.
Se detuvo bruscamente, según reveló.
--¿Los mataron? No; no puede ser.
Se llevó las manos a la cara, cayó de rodillas y empezó a llorar. (Publicado el
10 de marzo de 1985).
Nunca pasó algo tan grave en la PFC: el nuevo comandante
El capitán de la Policía Federal de Caminos (PFC), Jorge Pellegrini Poucel, incubó con seriedad la idea de la fuga. Meditó tres días hasta que decidió jugarse un albur. Personalmente acudió el martes 22 de enero a la XXV Zona Militar con el télex que detallaba el “accidente” sufrido por los cuatro oficiales.
Se presentó respetuoso ante el capitán Verdín. Le extendió el comunicado:
--Señor, los oficiales sufrieron un accidente en las cumbres de Acultzingo.
Intentó mantener calma, ecuanimidad. Incluso dice que en ningún momento estuvo nervioso. Tenía confianza en que se aceptara la tesis del accidente.
El capitán Verdín arrugó entre sus manos el papel, lo arrojó a un rincón de su oficina y sacó la pistola 45 que puso enfrente de Pellegrini.
--Tengo siete años de agente del Ministerio Público Militar y no me trago tan fácil el anzuelo.
Pellegrini se sintió perdido. Apenas una leve protesta brotó de sus labios cuando fue desarmado y esposado.
--Capitán, está usted equi…
Ya no terminó la frase. A empellones fue sacado de la oficina y, sin quitarle las esposas, fue confinado en un pequeño cuarto oscuro.
Dos horas después, según su testimonio, fue llevado nuevamente ante el capitán Verdín. Pero éste no estaba solo. A su derecha, silencioso, la cabeza gacha, inmutable, estaba Fernando Ceregido Moreno.
--A ver tú –gritó el militar a Ceregido-- dícelo en su cara.
Ceregido levantó la cabeza, agrandó los ojos oblicuos y directo, sin eufemismos, afirmó.
--Tú los mataste.
Verdín hizo una seña y varios soldados sacaron a Pellegrini de la oficina. Este dice que después fue golpeado y sometido a presiones sicológicas.
Por ejemplo, abunda, fue desnudado y golpeado con una vara en los testículos. “También me pusieron un libro en el pecho que golpeaban con un bat”.
Vendado de los ojos, según la declaración rendida en el Juzgado Primero de Distrito de la ciudad de Puebla, le pusieron una pistola en la cabeza y le ordenaron:
--Corre…
Pellegrini corrió con los brazos extendidos, tropezó, se incorporó y escuchó varios balazos. Después, el silencio y las manos que lo sujetaban y subían a una camioneta pick up, esposado y vendado de los ojos.
La versión de Pellegrini coincide con la de los otros detenidos. Dicen que durante tres días no probaron alimento ni agua y se les presionó permanentemente, tanto física como moralmente.
Pellegrini, al parecer, fue el más acosado.
-¿Eres cocainómano –le preguntaron.
Dice que guardó silencio, pero respondió ante los argumentos convincentes de los golpes.
--Sí.
Los militares, según la declaración del ex capitán de la PFC, pusieron énfasis en conocer quién o quiénes surtían de droga a Pellegrini, el cual comprometió a varios elementos de la misma corporación.
El miércoles a temprana hora, en una movilización inusual, se ordenó la captura del comandante de la PFC, Trinidad Rodríguez Ballesteros, ante la fundada sospecha de que tenía responsabilidad en el cuádruple homicidio.
Un pelotón de soldados, distribuidos en cinco jeeps, rodearon las oficinas de la PFC, localizadas en la 24 Sur y 5 Oriente.
Los vehículos se apostaron estratégicamente en derredor del inmueble, ante la sorpresa de vecinos y trabajadores de Grúas Villagrán, según varios testimonios recogidos por La Jornada.
Cinco elementos de la Policía Militar penetraron sorpresivamente. Revisaron minuciosamente las oficinas, los baños, el interior de las patrullas, los techos. Ni un solo resquicio faltó por verificar.
Pero Rodríguez había huído. Según los testimonios obtenidos en la PFC ya no se presentó a trabajar el lunes 21 de enero, dos días después del asesinato de los cuatro oficiales del Ejército.
Tampoco se localizó la camioneta Ecoline, propiedad de Rodríguez Ballesteros, en la que se transportó a los militares a las cumbres de Acultzingo y donde se les inyectó cloruro de potasio y dos de ellos fueron ahorcados.
Ese mismo día por la tarde se acuarteló al personal de la PFC y luego fueron asignados a otras partes del país.
Se nombró comandante de la PFC en Puebla a Adán Reygadas, movilizado de Hermosillo, Sonora. Se muestra evasivo ante el reportero. Simplemente dice:
--Nunca en la historia de la Policía Federal de Caminos había ocurrido algo tan grave, tan espantoso –y trepa presuroso a su patrulla y se pierde por las calles estrechas, con sabor colonial, de la capital poblana. (Publicado el 11 de marzo de 1985).
“Somos famosos”, fue la conclusión de Pellegrini
El jueves 24 de enero en la mañana, la cadena local Radio Oro difundió una noticia que arrancó maldiciones y agitó el ambiente en la XXV Zona Militar.
“El capitán de la Policía Federal de Caminos (PFC), Jorge Pellegrini Poucel –leía el locutor con voz ronca, grave – fue detenido en relación con el asesinato de cuatro oficiales del Ejército.”
Las órdenes y la movilización se multiplicaron en minutos. Decenas de soldados se apostaron en derredor de los cinco detenidos que continuaban esposados y vendados de los ojos.
Pellegrini recuerda que un militar se le acercó, le propinó un fuerte puntapié y le dijo.
--Te salvaste, cabrón.
Cuando les retiraron las vendas y vieron a los soldados que les apuntaban con armas largas, todos se hermanaron en un mismo pensamiento, en un mismo presentimiento.
--Creí que nos iban a fusilar –sostuvo Ceregido, quien se estremeció visiblemente al recordar la escena.
A las 10 de la mañana de ese día fueron subidos a una camioneta pick up, obligados a tenderse boca abajo en el piso, cubiertos con una manta color verde y encima de ellos, como si se tratara de una actividad rutinaria, se colocaron varios soldados.
La camioneta arrancó suavemente. Circuló más de media hora por calles, avenidas y carretera y luego tomó por un camino pedregoso, irregular.
Finalmente se detuvo y bajaron a Pellegrini Poucel, según su declaración. Fue vendado de los ojos y le pusieron una pistola en la sien derecha.
--Te vas a morir –le dijeron.
Dos balazos que en la soledad del paraje retumbaron con mayor fuerza estremecieron a los reos.
Dos manos ásperas, rudas, bajaron del vehículo a Ceregido.
--Sigues tú –le advirtieron.
--Empecé a rezar –dijo después.
Y así, uno por uno, la misma escena, la misma amenaza, los balazos, la sensación de la muerte inevitable.
Nuevamente la camioneta se puso en movimiento. Y los soldados descargaban culatazos sobre los policías poblanos, los dos elementos de la PFC y el médico.
Faltaban dos. El Torcho y Marcos Moreno, que habían escapado.
Llegaron en la tarde a las oficinas de la Interpol, en el Distrito Federal, donde el trato fue diferente, según los testimonios.
Me comí la torta de huevo más rica de mi vida –y Ceregido esboza apenas una sonrisa. En tres días ni él ni sus compañeros habían probado alimento.
Y en la noche del mismo jueves, según el testimonio de Luis Jacobo González Ruiz, principió el interrogatorio en las oficinas de la Interpol.
--¿Sabes que Pellegrini es adicto a la cocaína?
El ex sargento de la PFC negó una y otra vez. Ya no lo golpearon, pero sí fue presionado para que delatara el supuesto tráfico de drogas entre el personal de esa corporación.
Con Pellegrini el tono fue más violento, pero tampoco, de acuerdo con su versión, lo golpearon.
--¿Quién te vende la coca? –pregunta insistente que él trató de eludir, pero finalmente respondió.
Proporcionó los nombres de dos elementos de la PFC que, a raíz del asesinato de los militares, fueron reconcentrados en la capital del país.
Detenidos e interrogados por elementos de la Policía Judicial Federal no se les demostró su supuesta vinculación con el tráfico de drogas y fueron liberados.
El viernes 25 de enero, bajo estrictas medidas de seguridad, viajaron de regreso a Puebla. Declararon ante el juez Hilario Bárcenas Chávez y soportaron el interrogatorio y los flashazos de los reporteros locales.
Una semana después, custodiado por seis patrullas de la policía poblana, se entregó voluntariamente Marcos Moreno Carrera. Huyó a Monterrey, pero regresó cuando se enteró de que su padre era severamente presionado e inclusive se había pedido su cese al frente de la policía poblana.
Moreno Carrera leyó su declaración preparatoria redactada en ocho cuartillas. Señaló directamente a Pellegrini y a El Torcho como los principales responsables del cuádruple homicidio.
Pero Pellegrino lo hundió:
--Tú me ayudaste a inyectarlos y ahorcaste a uno de ellos.
Moreno Carrera, de 25 años, un metro 85 centímetros de estatura, mirada felina y atlético, se le abalanzó y trató de golpearlo.
--Mientes –gritó, mientras era sometido por varios policías.
El mismo viernes fueron internados en la penitenciaría local. Todos separados, en diferente ambulatorio. Pellegrini ocupó la celda destinada a los criminales más peligrosos y se ordenó una especial vigilancia sobre él.
Días después, según los testimonios, se paseaba por el amplio patio de la cárcel. El sol clareaba su cabellera dorada. Sostenía con emoción un periódico que reseñaba el crimen de los oficiales y publicó las fotografías de los cadáveres calcinados.
Abordó al doctor Arturo Shields.
--Mira –le mostró el ejemplar-- somos famosos. Hasta el Presidente va a saber de nosotros.
El médico se retiró a un rincón a vomitar. (Publicado el 12 de marzo de 1985).
***********
No hay comentarios:
Publicar un comentario